Nadia Márquez tuvo un rol de suma importancia durante los debates por la ley del aborto que, a partir de 2018, tuvo su protagonismo en la sociedad argentina. Mediante exposiciones, discursos y un notable uso de sus redes sociales, Márquez se posicionó como una de las voces más relevantes del sector provida, en su lucha porque esta ley de muerte no se promulgue en nuestro país.
Su perfil la llevó al Concejo Deliberante de Neuquén, en el que presidió la Comisión de Acción Social, y dada su competencia para el cargo, tuvo una escalada que la llevó a la senaduría provincial y, en las últimas elecciones generales, a la Cámara Baja del Congreso Nacional.
Márquez es secretaria de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos (UIPC) que está vinculada al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y ahora le tocará ejercer esta importante función en una comisión a las que le compete dictaminar sobre tratados, congresos internacionales y relaciones con Estados extranjeros, y sobre toda cuestión relativa al culto religioso.

Al respecto de este nombramiento, Márquez declaró: “Realmente es un honor haber sido acompañada por unanimidad de la Comisión de relaciones exteriores y cultos para ocupar una de las secretarías, junto al resto de las autoridades de la comisión. Sin duda alguna la Argentina está en un momento crucial, en el que tocando fondo podemos empujarnos para salir a flote, o volver a hundirnos como ha ocurrido en el pasado. En lo que me respecta, me encontrarás empujando para que nuestro país vuelva a ser una Argentina próspera y pujante”.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de Argentina es una comisión interna existente en ambas Cámaras del Congreso de la Nación que está integradas por diputados cuya función es la de estudiar los proyectos de ley de su ámbito y producir dictámenes sobre los mismos. Según el Artículo 64 del reglamento de la Cámara, compete también sobre todo otro asunto o proyecto que se refiera al culto, ejercicio del Patronato en toda la Nación, concordatos con la Silla Apostólica, libre ejercicio de las iglesias establecidas en la República y admisión de nuevas órdenes religiosas.