“Consideramos atentatorias las declaraciones vertidas por el Señor Vicepresidente cuando expresa que el 80% de los pastores son parte de las estructuras de las pandillas… y solicitamos respetuosamente se reconsideren tales aseveraciones en virtud de no coincidir con la realidad”.
Con estas palabras la Alianza Evangélica de El Salvador salía al cruce de las desafortunadas declaraciones realizadas por el vicepresidente del país, Félix Ulloa, al diario francés Le Monde en una entrevista realizada por la periodista Angeline Montoya, publicada el pasado 12 de agosto.
En dicha nota, que puede leerse íntegramente al pie de estas líneas, Ulloa justifica sin ambajes los excesos de la represión iniciada por el Gobierno de Nayib Bukele contra las maras desde el pasado 27 de marzo, porque “hemos declarado la guerra a las maras y en una guerra siempre hay daños colaterales”. En sus respuestas, el vicepresidente salvadoreño niega las comparaciones con los métodos de los militares durante el conflicto armado (1979-1992) porque el estado de excepción declarado el 27 de marzo, aprobado por la Asamblea Nacional, permite la suspensión de ciertas garantías constitucionales, como la detención de sospechosos sin orden judicial, aunque entre ellos se reprima a ciudadanos inocentes.
Ulloa, que afirma no creer en la reinserción social de los pandilleros que cumplen condena –“cuando sales de la cárcel no eres un ex pandillero. Eres un pandillero”-, también arremete contra periodistas, abogados, sacerdotes católicos y pastores evangélicos que, según dice, “sirvieron para transmitir mensajes de los jefes de pandillas desde las prisiones”. Pero es a estos últimos a quienes dedica la acusación más contundente.
Cuando la periodista hace referencia a personas que presuntamente fueron detenidas sin ser pandilleros, responde: “¿Según quién? ¿Ellos mismos? ¿Su madre? ¿Pastores evangélicos? Porque el 80% de los pastores forman parte de estas estructuras”.
Reacciones de apoyo
La Alianza Evangélica de El Salvador no está sola en su denuncia contra estas declaraciones arbitrarias y sin fundamento. La comisión de la Libertad Religiosa de la Alianza Evangélica Latina (AEL), se ha pronunciado manifestando su apoyo a la Alianza Evangélica de El Salvador, a través de un comunicado dirigido a las autoridades del país expresando su postura y preocupación ante las declaraciones dadas por el Vicepresidente de la Nación.
La AEL declara que la manifestación del vicepresidente Félix Ulloa es “una afirmación no acreditada que contrasta con la labor realizada por la Iglesia Evangélica representada por Alianza Evangélica de El Salvador en favor de la familia y sociedad salvadoreña a través de Iglesias locales, proyectos sociales, colegios, universidades casas de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, orfanatos, clínicas, hospitales, comedores infantiles, centros de desarrollo integral para la niñez…”. Y pide que tal afirmación sea rectificada.
Por su parte, en declaraciones a la prensa local, el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez aseguró que en El Salvador ya existe persecución “de distintas maneras” en contra de la Iglesia, y rechazó las declaraciones del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien acusó a los pastores salvadoreños de tener nexos con las pandillas.
“No se conoce cuáles son las pruebas que puedan presentarse (sobre esta afirmación), en todo caso, la Iglesia tiene que estar abierta a todos, es madre de todos, y debe escuchar a los que están en caminos equivocados también”, afirmó el obispo.
El cardenal también urgió a que se termine con el estado de excepción y que “los inocentes no sean incriminados”.
Denuncia de Amnistía Internacional
El presidente, Nayib Bukele, “hunde a El Salvador en una crisis de derechos humanos tras tres años de gobierno”. Esta es la observación de la organización Amnistía Internacional (AI) que, en un mordaz informe, publicado el 2 de junio, denuncia “miles de detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la defensa, torturas y malos tratos y la muerte en menos dieciocho personas” que se encontraban detenidas desde la instauración del estado de emergencia el 27 de marzo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, afirma que “al menos veintiuna personas privadas de libertad habrían perdido la vida, de las cuales, al menos quince fueron detenidos en régimen excepcional”.
El gobierno salvadoreño dice que ha librado una guerra despiadada contra las pandillas desde un sangriento fin de semana a finales de marzo, durante el cual 87 personas fueron asesinadas en las calles del país por grupos armados. Según una investigación del medio El Faro, esta ola de homicidios, la más grave en treinta años en un país acostumbrado a la violencia, fue provocada por la ruptura de un pacto secreto entre el gobierno y los líderes de las dos principales bandas Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13, destinados a bajar la criminalidad.
El estado de alarma supuso la suspensión de las libertades individuales y la ampliación de la detención policial de setenta y dos horas a quince días. Al 5 de junio, las autoridades anunciaron que habían arrestado a 37.000 “terroristas”. Según medios locales, el 1,7% de la población adulta se encuentra ahora en cárceles que ya estaban superpobladas antes de estos hechos. Entre el 27 de marzo y el 17 de mayo, según el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, al menos 1.190 menores de edad se encontraron detenidos, en su mayoría imputados por los delitos de “asociación ilícita” y “organización terrorista”.
Cárcel para niños de 12 años y periodistas
A raíz del estado de emergencia, el Congreso salvadoreño, dominado por el partido del presidente Bukele, modificó el código penal, aumentando en cinco años las penas por pertenencia a pandillas y autorizando la pena de diez años de prisión para niños a partir de los 12 años. También aprobó una ley que castiga con quince años de prisión cualquier intercambio de información sobre pandillas, incluso por parte de la prensa.
Fuente: Actualidad Evangélica
