Con 204 votos a favor y 144 en contra en el Congreso, el pasado miércoles 6 de abril el Senado dio el visto bueno a la propuesta.
La reforma contempla las mismas penas para quienes intenten alertar sobre las consecuencias del aborto a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo.
Por último, el dictamen aprobado señala que “no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal”.
De acuerdo con los informes de interrupciones voluntarias del embarazo que publica anualmente el Ministerio de Sanidad de España, la mayoría de abortos se siguen practicando en centros privados acreditados. A pesar de esto las entidades expresan preocupación ya que la cifra de abortos ha ido disminuyendo desde 2010.
Un informe elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) expresa que el 89% de las mujeres que entrevistaron (300 en total) y que habían ejercido su derecho al aborto se habían sentido acosadas; y un 66%, amenazadas por movimientos “Antiderechos”, tal como los sectores progresistas denominan a quienes están a favor de la vida.
Fuente: VipNews.com.ar
